por Carmen Mora.
Comienzo estas reflexiones con la definición del Estado de Derecho:
El Estado de Derecho es la Organización política de la vida social sujeta a procedimientos regulados por ley en el cual los actos del Estado están limitados estrictamente por un marco jurídico supremo guiados por el Principio de Legalidad y el respeto absoluto de los derechos fundamentales.
Una de las principales características del Estado de Derecho por tanto, es el Principio de Legalidad, es decir que las Administraciones y los poderes públicos no pueden actuar al margen de la legalidad y todas sus actuaciones en cualquier ámbito deben estar respaldadas y sometidas a la Ley. Así se recoge en nuestra Carta Magna.
Este Principio de Legalidad es fundamental en todos los ámbitos en los que tienen competencia los poderes públicos, evitando así cualquier atisbo de arbitrariedad, también en el ámbito educativo., (éste es el motivo por el que en la actualidad los tribunales son uno de los principales actores en la vida política de nuestro país).
Las leyes emanadas del Parlamento vinculan a todas las Administraciones y es de suma importancia que nuestros políticos, los que gestionan los fondos públicos de todos, tengan conciencia de las consecuencias de actuar al margen de la legalidad, pues es el principio del fin de nuestro sistema democrático, al margen de las responsabilidades civiles, administrativas y penales en las que se puedan incurrir.
No pueden los poderes públicos dejar de aplicar una ley o mutilarla con interpretaciones en contra de su espíritu, pues con ello socaban día a día el Estado de Derecho, incitando al ciudadano a no cumplir aquellas normas que no le gusten o no les parezcan justas o adecuadas para él.
Por ello es muy loable y necesaria la intención de los partidos políticos de intentar alcanzar un gran Pacto Nacional en materia educativa, pero mientras que ese pacto se alcanza y se instrumenta, las distintas administraciones tienen la obligación y la responsabilidad de aplicar la normativa que, en cada momento esté vigente, y no crear situaciones de inseguridad jurídica y de incertidumbres con el futuro de nuestros hijos.
Un ejemplo: Con el curso comenzado, los padres, los colegios, la comunidad educativa, no sabemos aún a qué tipo de pruebas deberán someterse los alumnos de bachillerato para acceder o ser admitidos en la Universidad, si esa posible prueba tendrá validez en todo el territorio nacional, si habrá Universidades que no hagan prueba de acceso, si los alumnos procedentes de otras enseñanzas podrán acceder a la Universidad, si los que repiten no verán mermados sus derechos. Sencillamente no es admisible.
Carmen Mora de la Rosa. Abogada